Primera Quincena de junio /2006

El quedar sin trabajo resulta cada vez más frecuente en nuestro país, este es el mal que está generando cada vez más víctimas en la sociedad, empresas y organizaciones enfermas que persiguen a sus trabajadores, los excluyen y discriminan, especialmente cuando piensan diferente, o son de otro partido, el Estado es tomado como un botín de guerra. El Dr. Luis Alfonso Resk, conocido defensor de los Derechos Humanos en nuestro país, se comprometió a mediar entre ambas partes.

Defensor de los DD.HH. Dr. Luis Alfonso Resk, los visito.

Con la crucifixión de una mujer se agrava el pleito Municipal.


Mariano Gaona y Luis Caballero, se encadenan frente a la Municipalidad como una forma de presionar al ejecutivo Municipal para obligarlo a que acate el fallo judicial.

La ex empleada de la municipalidad, Lidia Mariana Romero, desesperada
por su situación económica desde
hace 5 años, tomo la drástica determinación de crucificarse frente a la fachada del edificio municipal.



omo una forma de mostrar repudio e indignación a la actitud tomada por el Intendente Municipal Dr. Vicente Cáceres en contra de los empleados despedidos ilegalmente. En un comienzo se encadenaron a un poste de la ANDE, frente al edificio de la Municipalidad de Luque, al otro costado se hacia efectiva la amenaza de crucificarse Lidia Mariana Romero, sumida en una pobreza extrema al no encontrar trabajo ni la forma de alimentar a sus seis hijos.
 

De esta forma recrudecen las protestas en contra del Intendente Municipal que se opone a acatar el fallo judicial en desmedro de 51 familias que no han podido insertarse en ninguna actividad laboral desde hace cinco años.

La Municipalidad perdió el juicio y el Intendente Dr. Andrés Vicente Cáceres debe pagar una deuda que asciende a G. 1.586.785.493, (U$S 274.000) más intereses y costas del juicio, según ha dispuesto el juez Juvencio Torres.

Esta resolución corresponde a la demanda promovida por funcionarios despedidos de la comuna, cuando asumió el actual intendente, en el año 2001.

Juan de Dios Prieto y Ramón Colman, despedidos en aquel entonces, informaron que en total son 137 los funcionarios que quedaron fuera, en su mayoría del Partido Liberal.

Sin embargo, aclaró que quienes emprendieron la demanda son 51. "Los otros llegaron a un acuerdo con el intendente", enfatizaron.

Ya en diciembre del 2002, el tribunal de la capital, primera sala, había dictado la ejecución del acuerdo y sentencia Nº 36, que posteriormente quedó firme y ejecutoriado el 7 de octubre del 2003, por acuerdo y sentencia 2066.

Dichas disposiciones condenaron a la Municipalidad a la reposición de los accionantes y al pago de los salarios caídos, de conformidad con el Art. 44 de la Ley de la Función Pública cosa que el actual Intendente se niega acatar.

Sin embargo, la comuna, representada por el abogado Sixto Milciades Rivas, promovió la inhabilidad de título y excepción de nulidad en contra del progreso de la referida ejecución.

Esa acción no tuvo trámites favorables en el juzgado de Luque, a cargo de Juvencio Torres, quien resolvió: "Rechazar con costas las excepciones de inhabilidad de título y de nulidad interpuesto". Agrega, en el segundo punto, la orden de "ejecución hasta que a los acreedores se haga íntegro el cobro del capital reclamado".

Mientras tanto, en la asesoría jurídica de la Municipalidad se supo que se recurrirá a otra instancia, con el objetivo de evitar el pago de la multimillonaria deuda.

Como están las cosas los, los ex funcionarios de la comuna solicitaran a la Junta Municipal el respaldo para poder cobrar. Pero ese será seguramente un tema a ser solucionado en el futuro por el próximo Lord Mayor.

FOTO 1: Hernán Candia Producciones.


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