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Nuestra Carta Magna en el Cap II, los Art. 24 al 30 nos manda y ordena, defender la libertad religiosa y la ideológica, y el Cap. III (capitulo completo) nos enseña que todos los habitantes de la República somos iguales en dignidad y derechos. En el Cap. VIII, dedicado al trabajo, los Art. 86, 87, 88, reitera; "Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas. La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables. .

Grandes agrupaciones económicas de la comunicación les coartan desarrollarse


omo un regalo de “Noche Buena”, las incipientes Radios Comunitarias recibieron la noticia del decreto de CONATEL (Concejo Nacional de Telecomunicaciones) que las faculta a trabajar en forma comercial.

El decreto además agrega; "Las organizaciones sin fines de lucro que cuenten con autorización tendrán derecho a asegurar sus sustentabilidad económica, independencia y desarrollo".

Agregando la resolución: "Podrán obtener recursos provenientes de aportes solidarios, anuncios de entidades públicas, o de otras fuentes que sean generados dentro de su área de cobertura".

La CONATEL exige que "todas las ganancias generadas por las radios comunitarias tienen que ser invertidas exclusivamente en el funcionamiento y la introducción de mejoras, con el objetivo de brindar un buen servicio".

Con este decreto las Radiodifusoras Comunitarias pasan de ser llamadas "piratas" (mote dado a estas radioemisoras por las grandes cadenas de radio existentes en el país desde la época de la dictadura) a una condición más digna.

La iniciativa ha sido acogida y presentada como un paso trascendental por la ciudadanía en la democratización del espectro radial y en el reconocimiento a la labor "social" que cumplen estas emisoras hoy llamadas "de corte alcance"; con este decreto podrán aumentar su potencia de transmisión de 1 a 15 wtts., ampliar el periodo de concesiones (tiempo a ser determinado) y permitir su financiamiento por la vía de la publicidad, entre otras disposiciones que han sido enarboladas hasta la saciedad por los dueños de los otros medios.

Sin embargo el decreto, lejos de representar un estímulo al desarrollo de este tipo de medios y de reconocerles como titulares de derecho, específicamente del derecho fundamental a la libertad de emitir opinión e información y a satisfacer el derecho a la información que tenemos tod@s l@s ciudadan@s, les restringe a una mínima expresión del espectro radioeléctrico, a diferencia de lo que contemplan leyes ya aprobadas en distintos proyectos que se discuten en América Latina sobre esta materia, los que consideran al menos un tercio del espacio disponible para estas radioemisoras con el propósito de garantizar una pluralidad informativa y diversidad de voces.

Por ende no es cierto que este decreto favorezca la democratización del espectro radioeléctrico. En este país Paraguay, sus habitantes al nacer ya son ciudadano, o sea, nacen con derechos, que en otros países de nuestra América están vedados. En Paraguay se nace libre en todas sus formas, esto se debe recalcar, más sobre un bien de uso público.

Según datos, hoy son escasas las radios de corte alcance que poseen licencia de transmisión, existiendo un número aún mayor de radios que lo hace sin estos permisos y cuya situación debe ser regularizada. Por lo que el espacio reservado se verá rápidamente saturado, más aún si las concesiones durarán largos 15 años, quedando casi desde la partida coartada la posibilidad de participación de una amplia variedad de voces.

Por otra parte, el incremento de la potencia de transmisión si bien les permitirá llegar más lejos, amplía a su vez los riesgos de superposición de señales dado el escaso espectro disponible, interferencias que son sancionadas en el nuevo cuerpo legal en discusión.

Estando las cosas en este trance, las empresas de medios de comunicación reaccionaron ante el decreto de la CONATEL que permite a las radios comunitarias tener publicidad.

Pidieron ayer al Tribunal de Cuentas que anule dicha decisión, mediante una demanda. Los Abogados Juan Carlos Cañiza Denis y Milner Marcial Núñez Cabañas presentaron la demanda en el plano administrativo.

Los profesionales del Derecho representan a las radios 1° de Marzo AM, Ñandutí, Canal 100 FM, 1000 AM, Conquistador FM, FM MAS de Coronel Oviedo y Canal 13. Los accionantes mencionaron que el 3 de diciembre pasado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) dispuso que las radios comunitarias puedan tener publicidades y por ende cobrar dinero.

Nuestra Carta Magna en el Cap II, los Art. 24 al 30 nos manda y ordena, defender la libertad religiosa y la ideológica, y el Cap. III (completo) nos enseña que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. En el Cap. VIII, dedicado al trabajo, los Art. 86, 87, 88, reitera; "Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas. La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables.

Son algunos de los más de 70 artículos que señala nuestra Constitución y que garantizan a elegir nuestra propia personalidad y a difundirla de la forma que mejor nos parezca, esto no es monopolio de nadie en la República del Paraguay. No hay disposiciones que limiten el acceso a dichas licencias ni contravengan al menos los derechos constitucionales, de asociación y de igualdad ante la ley, así como con principios internacionales de libertad de expresión.

Al respecto, cabe recordar que en el apartado sobre radiodifusión del informe anual de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, se establece que "la promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión".

Los demandantes recordaron que anteriormente la CONATEL prohibía a las radios comunitarias recibir aportes solidarios para efectuar mención, publicidad o propaganda en ninguna de sus formas.

También citaron varias deficiencias más en el decreto de la CONATEL. El Tribunal de Cuentas, conformado por los magistrados Meneleo Insfrán, Vicente Cárdenas y Juan Francisco Recalde, admitió la demanda.

Los magistrados dieron un plazo de 5 días hábiles a la CONATEL, para que responda sobre la demanda. Significa que el proceso recién continuará en febrero próximo.

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